Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal le hizo al pedido en un dictamen de 159 páginas al juez federal Julián Ercolini, quien ahora debe definir si cita a indagatoria al ex presidente. Esa misma medida Ercolini ya la tomó el viernes pasado en otra causa: convocó a indagatoria a Fernández para el 20 de noviembre en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno.

“El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, sostuvo la Fiscalía en su dictamen.

Y agregó: “Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.

El fiscal González dio por acreditado que el moretón en el brazo derecho que Yañez tuvo meses antes de agosto de 2021 fue producto “de un agarrón o zamarreo de Alberto Fernández dentro del chalet presidencial de la Quinta de Olivos”. Esa herida se la envió por whatsapp a María Cantero, entonces secretaria de Alberto Fernández. El segundo hecho de violencia física fue el moretón en el ojo derecho que Yañez dijo que fue por un golpe de puño durante una discusión en la cama antes de irse a dormir. Eso hecho lo ubicó el fiscal en el 21 de junio de 2021.

“De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. Ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España”, relató González.

Otra de las violencias que el fiscal entendió que el ex presidente cometió fue la económica. “Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente”, explicó González.

El fiscal entendió que todo eso se dio por probado con las pruebas que se recogieron en la causa desde su inició en agosto pasado. Entre esa prueba está la declaración de una decena de testigos propuestos por la querella de Yañez, a cargo de la abogada Mariana Galelgo, de la defensa del ex presidente, representado por Silvina Carreira, y por la Fiscalía. Entre otros estuvieron en los tribunales de Comodoro Py la madre y una de las hermanas de Yañez, el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, la esteticista Florencia Aguirre, los ex médicos de la Unidad Presidencial Federico Saavedra y Federico Alem, la ex amiga de Yañez, Sofía Pacchi, y empleadas de la quinta de Olivos que trabajaron para la pareja presidencial.

La Fiscalía también destacó como prueba las fotos y conversaciones que aportó Yañez, los registros de ingresos y egresos de Olivos de todo el mandato presidencial, las llamadas telefónicas entre los dos desde el 2016, cuando se inició la pareja. También documentación médica de la ex primera dama.

El ex presidente tiene en la causa la prohibición de salida de país y de tener cualquier tipo de contacto con Yañez. Ya sea personalmente, por teléfono, mensajes, redes sociales y a través de otras personas. Esas medidas siguen fueron impuestas por el juez Ercolini como cautelares en el inicio de la causa.

Ahora todo el expediente pasó al magistrado. Será Ercolini el que tenga que resolver si comparte el dictamen del fiscal y cita a indagatoria al ex presidente.